Morosidad. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Si buscamos leyes que en su enunciado lleven las palabras “lucha contra”, nos vamos a encontrar detrás términos o acciones muy perjudiciales para la sociedad y reprobadas por esta. Leyes de lucha contra… el fraude, la corrupción, etc. La pregunta que debemos hacernos es si está reprobada socialmente la morosidad y es considerada un grave problema.

Lo primero a analizar es a quién afecta verdaderamente la morosidad, para saber quién puede considerarla un problema. Si examinamos los distintos agentes económicos, que pueden estar afectados por un retraso en un pago, encontraríamos tres colectivos bien diferenciados en nuestro país.

Uno completamente protegido, diría más bien blindado ante la morosidad, “La Administración Pública”. Si un particular o una empresa se retrasa en el pago de un impuesto o tributo, la Administración dispone de los recursos legislativos y administrativos para cobrar la deuda mediante embargos y podrá resarcir las pérdidas por esta Mora mediante el cobro directo de intereses y sanciones o multas por el retraso. En todo este blindaje contra la morosidad, los procedimientos de cobro y reclamación por parte de las administraciones, amparados en la legislación, son ágiles y efectivos.

Un segundo colectivo son las Entidades Financieras, Bancos y Cajas, cuya morosidad se delimita al impago de cuotas de amortización de préstamos o la no devolución de créditos concedidos. A pesar de que en estos momentos nos encontremos en máximos históricos en la morosidad bancaria, principalmente concentrada en la sobre exposición al mercado inmobiliario que la Banca y las ya casi extinguidas Cajas de Ahorro, decidieron tomar libremente, se puede afirmar que este colectivo cuenta con mecanismos y herramientas que no hagan de la morosidad uno de sus principales problemas tradicionalmente. Leyes especiales como la Hipotecaria, que sobre garantizan el cobro de una Mora mediante la dación de pago, la posibilidad de resarcir las pérdidas provocadas por una Mora mediante el cobro de intereses, que en algunas ocasiones han sido considerados por algunos hasta abusivos, y las posibilidades que brinda la propia Ley Cambiaria a la Banca para el cobro de deudas, son elementos de protección especial para este colectivo.

En tercer lugar, tendríamos a las empresas, con un tipo de morosidad que se liga directamente al crédito comercial, ese que se otorga para el pago aplazado a la realización de un servicio o la entrega de un bien. Si bien este crédito es necesario, y bueno en sí mismo, pues permite el crecimiento y desarrollo de los negocios, tradicionalmente en España los amplios plazos de pago han sido un factor determinante para la pérdida de resultados y competitividad de las empresas. En líneas generales y de forma especial en algunos sectores o colectivos, la morosidad ha sido y sigue siendo un problema para la empresas. Si bien la Administración Pública cuenta con ese blindaje antes mencionado y la Banca con esa protección especial contra la morosidad, las empresas están, a pesar de las legislaciones existentes, desprotegidos ante la Mora.

Como un factor clave en la búsqueda de una mayor protección para las empresas contra la morosidad, todas las miradas han estado puestas en la Ley mencionada, Ley de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Desde su publicación en el BOE en 2004 y las modificaciones realizadas en su enunciado en 2010, podemos decir que esta Ley es casi en su totalidad escrita sobre papel mojado. Los principales motivos de la poca utilidad de esta Ley se basan en la falta de un régimen sancionador que condicione al cumplimiento, así como la ausencia de un observatorio que vele por conocer la realidad del cumplimiento de la misma e investigue y denuncie actividades comerciales contrarias al objetivo de la Ley en el ámbito empresarial y de la Administración Publica.

Una vez analizado a quién afecta la morosidad podemos sacar conclusiones de quién puede considerarla un problema y quién no.

Es evidente que la Administración no considerará jamás un problema algo que no sufre, ellos ya están blindados. Además, como actores en el ámbito de la contratación pública, me atrevería a decir que les interesa la morosidad, pues podrán seguir permitiéndose pagar a las empresas cuando quieran, manejando los fondos de terceros como públicos. Esto será así mientras que no exista una legislación dura contra las administraciones y quienes las rigen, marcando responsabilidades directas a funcionarios y cargos públicos que incumplan la actual Ley.

Si hablamos de las Entidades Financieras sólo están preocupados de su morosidad, la del crédito bancario, la otra la del crédito comercial, no es que la vean un problema, al revés, es para ellos una fuente constante de ingresos y les resulta altamente atractivo que en nuestro país se pague muy tarde.  Su papel en la intermediación en ese crédito comercial es vital para sus cuentas de resultados, en el ámbito de la banca comercial a Pymes y en la banca corporativa. El descuento de efectos, el anticipo de facturas, ahora los confirming o el factoring, son instrumentos que la banca pone a disposición de las empresas en esta intermediación, en mi opinión no son instrumentos, son productos que la banca elabora concienzudamente para mantener su posición de intermediación. ¿Qué interés puede tener una Entidad Financiera en que se acorte un plazo de pago si cobra su diferencial en función del tiempo en el que intermedia en este aplazamiento? La bancarización tiene estas cosas, tal vez aporte una garantía al flujo de cobros y pagos, pero ejerce una presión muy importante para que su negocio no se acabe ni recorte y por eso muy probablemente muestre poco interés a los políticos en hacer cumplir los plazos de pago fijados en esta Ley, recordando además que para ellos ya existen mecanismos legislativos y administrativos especiales que le protegen de su morosidad, la bancaria.

Aun cuando de todo lo anterior podríamos deducir que los afectados por la morosidad son principalmente las empresas, tendríamos que reflexionar sobre si estas también lo ven un problema y sobre todo qué hacen para combatirla. En el ámbito empresarial la morosidad no es percibida igual por todos los colectivos, para algunos la impunidad que existe en nuestro país para  el que no cumple un compromiso de pago en la fecha establecida dentro de la Ley es un regalo bendito, mientras para otros muchos, y como antes resaltaba, es un problema que afecta a sus márgenes, resultados y perjudica gravemente su liquidez.

Dependiendo en qué bando se encuentre la empresa, prestará más o menos atención a este problema. En este marco, los colectivos empresariales, representados principalmente por las asociaciones, han sido pasivas a la hora de reivindicar el cumplimiento de la legislación actual. La CEOE jamás ha tenido un pronunciamiento claro, más lejos de unas declaraciones para salir del paso. Esta postura es perfectamente entendible, dado que los colectivos empresariales a los que representa la CEOE, suelen estar en ese lado oscuro de aquellas empresas que ven la permisividad en la morosidad como un regalo bendito. Menos entendible, si no fuera porque no representa verdaderamente al colectivo de la Pyme española, es la postura que sobre este aspecto tiene CEPYME. Jamás ha mantenido una postura firme para pedir el cumplimiento de la Ley, es más haciendo eco de la “voz de su amo”, la CEOE, ha pasado por este asunto con mucha cautela, no vaya a ser que muerda la mano que le da de comer.

Ante todo este panorama, me pregunto, ¿quién tira la primera piedra?, ¿quién está libre de pecado?

Menos mal que para ese colectivo de empresas, que nos vemos de una u otra forma afectados por el incumplimiento de la Ley, que tenemos que sufrir de manera habitual las trampas de algunos a la hora de contratar, facturar y cobrar nuestros servicios o la venta de nuestro productos, “la fecha de facturación, el día de pago fijo cada mes e incluso contratos fuera de esta Ley”, nos queda alguien que tire la primera piedra.

Desde PIMEC la asociación empresarial de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, se impulsó hace unos años la creación de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, en la que muchas asociaciones empresariales confían, incluidas algunas de las pertenecientes a los Lobbys CEOE y CEPYME, pero que evidentemente no comparten la postura pasiva de estos dos colectivos empresariales ante el problema de la Morosidad.

En esa labor de lucha y rebeldía ante un problema, que no acaba de solucionarse en nuestro país, la Plataforma organiza el próximo día 7 de noviembre la II Cumbre Político-Empresarial, bajo el lema, medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación sobre morosidad. www.cumbremorosidad.com, En esta cumbre participarán tanto la Comisión Europea como el Gobierno Central, con las figuras del Sr. Calleja, Director General de Industria de la CE y el Ministro Cristóbal Montoro, como intervinientes, así como los representantes de todos los grupos parlamentarios. A todos ellos se les instará a obtener un consenso y compromiso para que se establezcan, de una vez por todas, los mecanismos que favorezcan el cumplimiento de esta Ley.

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Ahora que tenemos quien tira la primera piedra, no tenemos que amedrentarnos los demás y se hace necesario que exista una corriente de influencia en la sociedad y en los políticos, por parte de empresarios y gestores de empresa que bajo el amparo de la Plataforma, pongamos nuestro esfuerzo en luchar contra esta lacra que es la Morosidad y que tanto perjudica el desarrollo empresarial y la competitividad en nuestro país.

Miguel Angel Robles

Presidente Iniciativa Pymes

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